Durante décadas pasadas, luego de que han ocurrido tragedias internacionales los gobiernos han tenido que echar mano de nuevas medidas de movilidad, y el COVID-19 no parece ser la excepción. Hoy los pensamientos se dirigen hacia “Pasaportes de Inmunidad” parecidos a los certificados de vacunación existentes, que pudieran verificar el estado serológico de un individuo usando un examen que detecta anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Esa determinación podría representar tanto potenciales beneficios como daños no intencionados. Los segundos tienen una carga ética importante, en términos de los lineamientos que se necesitan para determinar la validez de los exámenes de acuerdo a su duración y exactitud (la cual no depende únicamente en la exactitud del examen sino también de la prevalencia de la infección en la población) y también de las políticas centralizadas que tendrían que crearse para asegurar que todo el mundo tenga acceso a examinarse. El fraude y el mercado negro de certificados falsos igualmente podrían jugar un papel en los lugares que no tienen acceso a sistemas digitales de verificación sincronizados. Sin embargo, un ‘pasaporte de inmunidad’ no es inherentemente discriminatorio si está fundado en una estratificación de riesgo basada en evidencia y si los creadores de políticas aseguran que cualquier estigma resultante será mitigado y de corta duración. Adicionalmente, podrían brindar herramientas de datos para que los países optimicen la atención de los apoyos, se priorice la ubicación de vacunas y tal vez hasta nuevas estrategias que permitan que pacientes vulnerables reciban visitas de familiares. Cualquier escenario de esta posible medida reductiva requeriría de estándares de examinación globalmente aceptados y concordancia con las Regulaciones de Salud Internacionales que menos restrinjan las libertades individuales al mismo tiempo que se contribuya a minimizar la amenaza del COVID-19.